2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.
After a year in which numerous businesses have relied on various forms of government support to stay afloat, many will be hoping that 2021 offers the chance to emerge from this period and resume some degree of normal trading. Certainly, the coming year will be make-or-break time for those businesses that have been most impacted by the pandemic – and as government assistance is wound back, the demand for working capital funding is likely to be high.
La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
With over a third of hospitality businesses currently at moderate to severe risk of insolvency (according to the most recent ONS survey), many in the sector are urgently considering the best way forward. One strategy, which we have recently seen a number of casual dining businesses like Carluccios and Gourmet Burger Kitchen deploy, is a ‘prepack’ administration. However, although the deals involving household names may grab the headlines, pre-packs are also widely used by small and micro businesses.
On 8 October the Insolvency Service published a report on pre-pack sales in administrations, together with draft regulations imposing a mandatory referral to independent scrutiny in the case of pre-packaged sales to connected parties.
This article, written by Tim Carter and Helen Martin, considers the background to the proposed regulations, their content and their potential impact.
Background
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law
Los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio, mientras que los plazos procesales y sustantivos lo harán el 4 de junio, tal y como aparece contemplado en el BOE del 23 de mayo de 2020.