2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.
La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
The government has extended the restriction on the enforcement of statutory demands until 31 December 2020. The extension from the initial period of 30 September 2020 was introduced by regulations amending the Corporate Insolvency and Governance Act 2020 and will be of application to those in the construction industry.
In the wake of the Supreme Court's ruling that an insolvent company can adjudicate, the TCC have confirmed that there remain high hurdles to the insolvent party enforcing any adjudication decision.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
The Supreme Court has provided much needed clarity on whether an insolvent company can commence its own adjudication.
In the construction industry, insolvencies are an all-too-common occurrence – as are contractual disputes. There has until now been uncertainty about how the two legal regimes operate together where an insolvent party seeks to adjudicate for the sums it believes it is owed. This uncertainty has now been resolved, with the Supreme Court confirming that an insolvent company can bring an adjudication.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law
Los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio, mientras que los plazos procesales y sustantivos lo harán el 4 de junio, tal y como aparece contemplado en el BOE del 23 de mayo de 2020.