The Barton doctrine provides that a court-appointed receiver cannot be sued absent “leave of court by which he was appointed.” Barton v. Barbour, 104 U.S. 126, 127 (1881).
Section 548 of the bankruptcy code authorizes a trustee, debtor, or other appropriate party to avoid actual and constructive fraudulent transfers that occurred prepetition. In order to prove that a transfer was an actual fraudulent transfer, the trustee (or another appropriate plaintiff) must prove that the debtor made the transfer “with actual intent to hinder, delay or defraud any entity to which to debtor was or became…indebted.” 11 U.S.C. §548(a)(1)(A).
An appeals court has issued an insightful decision on the availability of damages when an involuntary bankruptcy petition is filed in bad faith. See Stursberg v. Morrison Sund PLLC, No. 23-1186, 2024 U.S. App. LEXIS 20286 (8th Cir. Aug. 13, 2024).
The decision addresses both the interplay between Bankruptcy Code sections 303 and 305 and federal preemption of state law.
Under federal law, a debtor may be criminally prosecuted for various kinds of misconduct in connection with a bankruptcy case, including concealing assets, falsifying information, embezzlement, or bribery. See 18 U.S.C. §§ 152, 157. The U.S. Trustee, which serves as a watchdog over the bankruptcy process, will refer such cases to the U.S. Attorney’s Office for investigation and prosecution.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.