En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.
Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.
La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes28.
La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).
La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.
OSCR report issued following investigation of benefits to employee on wind-up
Lazari GP Ltd v Jervis
When a company goes into administration, it benefits from a "moratorium" that prevents creditors taking legal and other proceedings against the company or its assets. The main purpose of the moratorium is to free an administrator's rescue attempts from the distractions of legal action from creditors.
The Issue
With the depressing news that more than 20,000 Scots will go bust in 2012, and an average of 25 Scots firms a week will go under this year, it has never been more important to be alert to payment disputes.
The recent flurry of news reports regarding the administration of high street retail chains and the subsequent sale of parts of their businesses is perhaps an opportune time to flag up the renewed importance that the hypothec plays in Scottish property law.
By virtue of the hypothec, in insolvency, a landlord automatically obtains a fixed charge ranking on the proceeds of sale of the moveable goods of the tenant that are on the premises as at the point of insolvency, up to the value of any arrears of rent.
Agreements with administrators often contain provisions to the effect that any claim against the company in administration will rank only as an unsecured claim and not as an expense of the administration. Although such provisions are common, there has always been some doubt as to their efficacy.