The single proceeding model, which is a core tenet in insolvency proceedings, was recently reaffirmed in the Companies’ Creditors Arrangement Act (“CCAA”) proceedings of Bloom Lake in Re Bloom Lake, 2021 QCCS 3402.
The Nortel Networks Corporation saga was unique for the parties, the lawyers and the judges. Judge Gross of the U.S. Bankruptcy Court in Delaware and I presided over the case in a joint trial that had never occurred before3.
The Supreme Court of Canada (“SCC”) in Canada v. Canada North Group Inc., 2021 SCC 30 [Canada North] recently held that courts in proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act (the “CCAA”) have the authority to rank super-priority charges ahead of the Crown’s deemed trust claim for unremitted source deductions.
Good faith, honesty, and transparency are the watchwords of Canada’s insolvency regimes. Where a debtor makes a proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act (the “BIA”), but the Court finds that instead of acting in good faith it engaged in self-interested behavior designed to benefit other members of a corporate group, the Court will uphold the BIA’s principles and refuse to sanction the proposal.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.