Under Additional Provision Four of the Insolvency Act,1 which regulates the courts’ sanction of refinancing agreements, the effects of the moratorium established in the agreement will be extended to dissenting financial entities, provided that the conditions specified in that precept are fulfilled (where the requisites imposed under article 71.6 of the Insolvency Act regarding the agreement itself are met and where it has been signed by creditors representing at least 75% of the financial entities’ liabilities at the time of the agreement).
El TS clarifica la calificación concursal de los contratos de permuta de tipos de interés y los califica como créditos concursales por no cumplir con el requisito del sinalagma funcional que se predica de las obligaciones recíprocas.
En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.
En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.
Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.
La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes28.
La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).
La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.
Frost & Sullivan has recently predicted that 4% of all sales (the equivalent of 4.5million units) of new cars will be online purchases by 2020. This compares to 5,000 new cars sold solely online in 2011. An implication of this, should they wish to avoid a similar fate to the likes of HMV, Jessops and Blockbuster, is that car retailers are going to have to make adjustments to their selling processes in order to avoid showrooms becoming mere browsing opportunities for customers to pick and chose but purchase online.
You are about to enter a new dimension. A world not only of law and of the Insolvency Act 1986, but of equity. You are about to enter… The Twilight Trust Zone!
Cash-flow is the life blood of a company. As a company fails the flow of this vital sustenance grows weaker. The heart stutters and fails. The company is dying. Worse, it is unable to meet its liabilities as they fall due, and so fails one of the statutory tests of insolvency.
Introduction
In the recent High Court decision in Bilta (UK) Ltd (In liquidation) and others v Nazir and others [2012] EWHC (Ch), the court considered the application of the legal doctrine of ‘ex turpi causa non oritur actio’ in the context of fraud.