Recientemente, en sus sentencias de fechas 13 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación del contenido en el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”), relativo a la legitimación del responsable tributario para impugnar, con ocasión del recurso frente al acuerdo de derivación de responsabilidad, la liquidación en que tiene su origen dicho acuerdo.
El Tribunal Supremo ha declarado que la responsabilidad solidaria de los administradores sobre la base del art. 367 LSC subsiste, aunque el acreedor conozca, al contratar, la situación de insolvencia de la sociedad. El mero conocimiento de dicha situación por parte del acreedor no es suficiente para acreditar su mala fe al reclamar las deudas a los administradores y, por tanto, estos siguen siendo solidariamente responsables por no promover la disolución si las pérdidas determinaron que el patrimonio neto quedara por debajo de la mitad del capital social.
La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).
Recientemente, la Dirección General de Tributos (“DGT”) ha publicado la contestación a la Consulta Vinculante V0259-18, de 7 de febrero de 2018, en la que se analizan las implicaciones que pueden derivarse para un tercero como consecuencia de las liquidaciones provisionales (incluso no habiendo las mismas adquirido firmeza) practicadas a otro sujeto pasivo.
The Financial Conduct Authority (FCA) has been conducting a review of the operation of the Financial Services Compensation Scheme (FSCS), seeking views as to how to reduce the number and value of claims falling to the FSCS and assessing how the scheme is funded, including the impact of professional indemnity insurance (PII).
Desde hace ya tiempo la Administración Tributaria ha venido aplicando, si bien no de forma frecuente, el sistema de responsabilidades regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), en los supuestos en los que el deudor a la Hacienda Pública se encontraba en situación de concurso.
A summary of recent developments in insurance, reinsurance and litigation law.
Engelhart CTP v Lloyd's Syndicate 1221: Court holds that all risks cargo policy did not cover fraudulent documents for a non-existent cargo
On occasion, parties engaged in court proceedings will consider procedural tactics with the ultimate intention of exerting such pressure on their adversaries that their weakened position, or even inability to pursue the proceedings, will work to their advantage. Such a situation arose in (1) Deleclass Shipping Co. Ltd (2) MWI Shipping Services Ltd v Ingosstrakh Insurance Co. Ltd (2018) where the defendant's application for security for costs became very problematic for the claimants.
Weighing in at the intersection of bankruptcy law and the doctrine of subrogation, the Ontario Court of Appeal has ruled that insurers are not entitled to commence subrogated claims in the name of bankrupt insureds.
La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 15 de diciembre de 2017 se pronuncia sobre el criterio temporal de aplicación del Real Decreto-Ley 6/2013, para la protección de los créditos adquiridos por la SAREB frente a una eventual subordinación. Según el Tribunal Supremo, si la calificación del crédito era definitiva antes de la entrada en vigor de la norma, no puede modificarse posteriormente.