In the recent decision of Edmonton (City) v Alvarez & Marsal Canada Inc., 2019 ABCA 109, the Alberta Court of Appeal has concluded that fees and costs incurred by a court-appointed receiver should have priority over all claims by secured creditors, including special liens in favour of municipalities for unpaid property taxes. This is an important decision for the insolvency bar and provides some much needed comfort to receivers that their fees and costs will be protected by the court-ordered charge.
The Decision
The Defendant was a dentist who had executed a personal guarantee on July 7, 2011 in favour of the Plaintiff (the "Bank") in order to secure payment of the indebtedness of the Defendant's professional corporation. The Bank made a demand for payment on the guarantee, and subsequently brought an action against the Defendant (the "First Action").The Bank was successful on a motion for summary judgment and judgment was granted against the Defendant.
Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:
1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN) de 19 de diciembre de 2018 (BOE 28 de enero) se pronuncia de nuevo sobre la extinción registral de sociedades sin patrimonio. En esta ocasión se admite la inscripción de una escritura de disolución y liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada en la que el liquidador declaró que la sociedad carecía de activos y de acreedores, de conformidad con el balance aprobado unánimemente por los socios.
Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.
El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.
No es concursal una acción que tiene por objeto una pretensión de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad delictual o cuasidelictual, que ejercita el síndico en el marco de un procedimiento de insolvencia y que, de prosperar, daría lugar a la reintegración de lo obtenido en la masa activa. La competencia para conocer de ella se determina por las disposiciones del Reglamento Bruselas I (RBI, aplicado al caso por razones temporales, si bien lo decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] se extiende al actualmente aplicable RBIbis).
Background
Virginia Hills Oil Corp. was a small publicly traded oil producer with assets in north central Alberta. Some of its assets were held through its subsidiary Dolomite Energy Inc. (collectively the "Debtors"). The Debtors' main secured creditors were the Alberta Treasury Branches and the Bank of Nova Scotia (the "Banks"). The Debtors also owned a pipeline that passed through three municipalities (the "Municipalities").