Desde hace ya tiempo la Administración Tributaria ha venido aplicando, si bien no de forma frecuente, el sistema de responsabilidades regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), en los supuestos en los que el deudor a la Hacienda Pública se encontraba en situación de concurso.
La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 15 de diciembre de 2017 se pronuncia sobre el criterio temporal de aplicación del Real Decreto-Ley 6/2013, para la protección de los créditos adquiridos por la SAREB frente a una eventual subordinación. Según el Tribunal Supremo, si la calificación del crédito era definitiva antes de la entrada en vigor de la norma, no puede modificarse posteriormente.
Over the last twenty years, courts have increasingly insulated transactions from avoidance as fraudulent transfers by invoking the so-called “settlement payment” defense codified in section 546(e) of the Bankruptcy Code. The safe harbor has been interpreted in the Second and Third Circuits and elsewhere as precluding debtors, trustees and creditors committees from clawing back otherwise objectionable pre-bankruptcy transfers solely because the money at issue flowed through a bank or other financial institution.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia (STS 693/2017, de 20 de diciembre) que, si bien trae causa de un procedimiento concursal, establece conclusiones muy interesantes desde el punto de vista del derecho societario, en materia de conflictos de interés en el seno de los grupos de sociedades.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce legitimación para interponer recursos al acreedor coadyuvante en un incidente concursal de acción de reintegración.
LA DGRN limita el control por notarios y registradores de la aplicación del 160.f) LSC (venta de activos esenciales) y establece que la norma no será aplicable en operaciones realizadas por las sociedades en liquidación.
The Tempnology Trademark Saga. When it comes to decisions on bankruptcy and trademark licenses, the In re Tempnology LLC bankruptcy case is the gift that keeps on giving.
Just about every year amendments are made to the rules that govern how bankruptcy cases are managed — the Federal Rules of Bankruptcy Procedure. The amendments address issues identified by an Advisory Committee made up of federal judges, bankruptcy attorneys, and others. As the photo above reminds us, the rule amendments are ultimately adopted by the U.S. Supreme Court (and technically subject to Congressional disapproval).
La Sentencia 3019/2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2017 aclara que los administradores sociales, tanto los de derecho, como los de hecho, serán responsables solidarios por las deudas contraídas por la sociedad como consecuencia de un despido, declarado improcedente después del acaecimiento de una causa de disolución.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 14 de junio de 2017, ha desestimado el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil de Burgos a inscribir una escritura de nombramiento y cese de administradores. El motivo de la negativa reside en la previa disolución de pleno derecho de la sociedad en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.