A new wave of CVAs?
A company voluntary arrangement (CVA) is, provided the voting thresholds are met, a binding agreement made between a company and its creditors, designed to compromise a company’s obligations to its creditors.
As retailers and restaurateurs across the UK continue to show signs of financial distress, interest in the use of CVAs has increased. A common facet of a CVA is a focus on reducing rents and offloading unprofitable leases.
Compromised or full rent?
La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 15 de diciembre de 2017 se pronuncia sobre el criterio temporal de aplicación del Real Decreto-Ley 6/2013, para la protección de los créditos adquiridos por la SAREB frente a una eventual subordinación. Según el Tribunal Supremo, si la calificación del crédito era definitiva antes de la entrada en vigor de la norma, no puede modificarse posteriormente.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia (STS 693/2017, de 20 de diciembre) que, si bien trae causa de un procedimiento concursal, establece conclusiones muy interesantes desde el punto de vista del derecho societario, en materia de conflictos de interés en el seno de los grupos de sociedades.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce legitimación para interponer recursos al acreedor coadyuvante en un incidente concursal de acción de reintegración.
LA DGRN limita el control por notarios y registradores de la aplicación del 160.f) LSC (venta de activos esenciales) y establece que la norma no será aplicable en operaciones realizadas por las sociedades en liquidación.
La Sentencia 3019/2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2017 aclara que los administradores sociales, tanto los de derecho, como los de hecho, serán responsables solidarios por las deudas contraídas por la sociedad como consecuencia de un despido, declarado improcedente después del acaecimiento de una causa de disolución.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 14 de junio de 2017, ha desestimado el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil de Burgos a inscribir una escritura de nombramiento y cese de administradores. El motivo de la negativa reside en la previa disolución de pleno derecho de la sociedad en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
El Tribunal Supremo reitera, en su sentencia de 5 de mayo de 2017, su doctrina relativa a la acción individual de responsabilidad de los administradores y la necesidad de que además de probarse el daño se demuestre la existencia de una conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenador empresario, así como la existencia del nexo causal entre la conducta y el daño.
The Recast Insolvency Regulation (Regulation 2015/848) (“Recast Regulation”) will apply to all member states of the EU (with the exception of Denmark) in relation to insolvency proceedings opened on or after 26 June 2017. The Recast Regulation takes a similar approach to that of the prior EU Insolvency Regulation (Regulation 1346/2000), which came into force in 2002. The Recast Regulation seeks to create a uniform code for insolvency jurisdiction, and cross-border recognition (within the acceding Member States).
In a judgment that will undoubtedly impact what has become fairly common practice when filing notices of intention to appoint an administrator (“NOITA”), the Court of Appeal has held in JCAM Commercial Real Estate Property XV Ltd v Davis Haulage Ltd[1] that a company seeking to give notice of intention to appoint under paragraph 26 of Schedule B1 to the Insolvency Act 1986 (the “Act”), and to file a copy o