Una nueva sentencia relativa al tratamiento concursal de garantías intragrupo. Y preocupante, porque parece suponer una vuelta atrás. La glosa de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 2 de mayo del 2018 es como sigue. Como la constitución de la garantía real sobre el inmueble de la concursada fue simultánea a la concesión del préstamo, no es posible considerar gratuito el acto de disposición.

Se hipotecaron fincas en garantía de una refinanciación bancaria, la deudora es declarada en quiebra y se fija como fecha de retroacción una anterior a la de constitución de la hipoteca. El valor de tasación es aproximadamente de 1 700 000 euros; el banco instó la ejecución de las hipotecas. Durante la tramitación de la ejecución, el banco cedió su crédito hipotecario a un tercero por un precio de 767 127,82 euros. El tercero se subrogó en la posición del banco como ejecutante.

In accordance with EU legislation, Member States have the power to limit the obligation of public guarantee institutions to pay employees’ claims in the event of their employer’s insolvency. The Court of Justice found to be compliant a national provision (Bulgarian law) that confines the protection given by said guarantee institutions to those employment relationships that have not ended within the three months prior to the opening of insolvency proceedings.

Todos los supuestos de extinción en que ésta es adoptada por voluntad del trabajador, pero derivada de una decisión unilateral de la empresa, han de tener el mismo tratamiento por parte de los Estados miembros. Así lo señala el Tribunal de de Justicia en un reciente pronunciamiento en el que resuelve una cuestión cuya trascendencia práctica desborda el supuesto planteado específicamente.

Reiterando y desarrollando la argumentación contenida en la STS de 15 de marzo de 2017 [RJ 2017/1370], el Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre qué debe entenderse por grupo de sociedades a los efectos de la Ley Concursal en su Sentencia de 11 de julio de 2018 [RJ 2018/2815].

Su doctrina gira, expuesta en términos resumidos, en torno a las siguientes ideas:

En un asunto en el que todavía resultaba de aplicación la normativa sobre quiebras del Código de Comercio (y, en concreto, el hoy derogado art. 878), se planteó el problema del alcance de la protección del artículo 34 Ley Hipotecaria con respecto del subadquirente de un derecho real de hipoteca.

In September 2008, the seismic collapse of Lehman Brothers initiated one of the largest corporate insolvencies in history. Nearly ten years later, in a landmark decision, the High Court has sanctioned the scheme proposed by the administrators of its principal European trading arm, Lehman Brothers International Europe ("LBIE").1

Sports Direct International plc's last-minute offer to buy substantially all of the assets of House of Fraser out of administration is the latest example of a pre-packaged administration being used to rescue a failing business and continue it as a going concern.

The House of Fraser pre-pack sale to Sports Direct, the British retail group headed by Mike Ashley, was announced almost immediately after House of Fraser entered into administration, and included a transfer of its UK stores, the brand and all of its stock and employees.

The UK and the US have historically been perceived as leading jurisdictions in the development of restructuring and insolvency law – to the extent that dozens of local insolvency regimes around the world have been modelled on some combination of their processes. Both regimes are highly sophisticated, and feature well-developed legislation supported by decades of case law that offers both debtors and creditors alike a degree of certainty and predictability that is not always available in other jurisdictions.

The Company Voluntary Arrangement (‘CVA’) was introduced into English insolvency law by the Insolvency Act 1986 (the ‘IA 1986’), as a result of recommendations made in the Cork Report1 in 1982.