“Section 365(h) of the Bankruptcy Code [(“Code”)] and the doctrine of equitable recoupment entitled [a commercial tenant] to continue paying [reduced] rent … even after its landlord filed for bankruptcy and rejected the Lease,” held the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit on Nov. 30, 2018. In re Revel AC Inc., 2018 WL 6259316, *6 (3d Cir. Nov. 30, 2018).

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio y 31 de octubre de 2018 [RJ 2018/2814 y RJ 2018/4729] han debido decidir si una sociedad (TIP) ostentaba el control sobre otra (TRECAM) a los efectos de determinar si esta segunda pertenecía al grupo de la socia única (CAM) de la primera (lo que resultaba relevante para la calificación en el concurso de TRECAM de los créditos de CAM y de otra filial íntegramente participada de esta ultima entidad).

Two courts have added to the murky case law addressing a bankruptcy trustee’s ability to recover a debtor’s tuition payments for their children. In Geltzer v. Oberlin College, et al., 2018 WL 6333588 (Bankr. S.D.N.Y. Dec. 4, 2018), a New York Bankruptcy Judge permitted a trustee to claw back payments that parents made to their financially independent adult children for college-related costs. In Pergament v. Brooklyn Law School, et al., 2018 WL 6182502 (E.D.N.Y. Nov.

The Bankruptcy Code (“Code”) “does not limit the allowability of unsecured claims for contractual post-[bankruptcy] attorneys’ fees,” held the U.S. District Court for the District of Delaware on Nov. 26, 2018. In re Tribune Media Company, 2018 WL 6167504 (D. Del. Nov. 26, 2018). In a short and sensible opinion, the district court reversed the bankruptcy court’s disallowance of an undersecured lender’s fees.

“… Ponzi scheme payments to satisfy legitimate antecedent debts to defendant banks could not be avoided” by a bankruptcy trustee “absent transaction-specific proof of actual intent to defraud or the statutory elements of constructive fraud – transfer by an insolvent debtor who did not receive reasonably equivalent value in exchange,” held the U.S. Court of Appeals for the Eighth Circuit on Nov. 20, 2018. Stoebner v. Opportunity Finance LLC, 2018 WL 6055636 at *4 (8th Cir. Nov. 20, 2018), citing Finn v. Alliance Bank, 860 N.W. 2d 638, 653-56 (Minn. 2015).

Ejecutada la hipoteca primera, con adjudicación al ejecutante y con sobrante de ejecución, se decreta la cancelación de la garantía y de las tres hipotecas posteriores en rango, y la entrega del sobrante al acreedor hipotecario (que es el mismo en las cuatro hipotecas). Unos días antes de dictarse el decreto de adjudicación y cancelación de cargas, el deudor había solicitado un procedimiento del artículo 5 bis de la Ley Concursal (LCon).

Curiosos el caso y la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 20 julio 2018. Los fiadores solidarios de un préstamo hipotecario impagado reclaman judicialmente que se les releve de la fianza o que el deudor ofrezca una garantía que ponga a los fiadores a cubierto del peligro de su insolvencia de acuerdo con el artículo 1843 del Código Civil (CC).

The new company shareholders, who have accessed ownership of the securities by ordinary purchase or by enforcement of a pledge of securities, must beware above all of the hitherto dormant claims of former shareholders and directors.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

1. El supuesto de hecho 

Una sociedad eslovaca productora de bebidas alcohólicas, que había conseguido un aplazamiento de su deuda fiscal previa constitución de garantías, no pudo hacer frente a los pagos pactados y, en consecuencia, presentó la solicitud de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores ante el tribunal regional competente, proponiendo el pago del 35 % de la deuda, que ascendía a un total de 21,4 millones de euros, de los cuales 21,3 correspondían a la deuda fiscal.