Desde hace ya tiempo la Administración Tributaria ha venido aplicando, si bien no de forma frecuente, el sistema de responsabilidades regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), en los supuestos en los que el deudor a la Hacienda Pública se encontraba en situación de concurso.
La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 15 de diciembre de 2017 se pronuncia sobre el criterio temporal de aplicación del Real Decreto-Ley 6/2013, para la protección de los créditos adquiridos por la SAREB frente a una eventual subordinación. Según el Tribunal Supremo, si la calificación del crédito era definitiva antes de la entrada en vigor de la norma, no puede modificarse posteriormente.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia (STS 693/2017, de 20 de diciembre) que, si bien trae causa de un procedimiento concursal, establece conclusiones muy interesantes desde el punto de vista del derecho societario, en materia de conflictos de interés en el seno de los grupos de sociedades.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce legitimación para interponer recursos al acreedor coadyuvante en un incidente concursal de acción de reintegración.
On February 27, 2018, the United States Supreme Court resolved a circuit split regarding the proper application of the safe harbor set forth in section 546(e) of the Bankruptcy Code, a provision that prohibits the avoidance of a transfer if the transfer was made in connection with a securities contract and made by or to (or for the benefit of) certain qualified entities, including a financial institution.
LA DGRN limita el control por notarios y registradores de la aplicación del 160.f) LSC (venta de activos esenciales) y establece que la norma no será aplicable en operaciones realizadas por las sociedades en liquidación.
The Court of Appeals for the Ninth Circuit recently held that section 1129(a)(10) of the Bankruptcy Code – a provision which, in effect, prohibits confirmation of a plan unless the plan has been accepted by at least one impaired class of claims – applies on “per plan” rather than a “per debtor” basis, even when the plan at issue covers multiple debtors. In re Transwest Resort Properties, Inc., 2018 WL 615431 (9th Cir. Jan. 25, 2018). The Court is the first circuit court to address the issue.
La Sentencia 3019/2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2017 aclara que los administradores sociales, tanto los de derecho, como los de hecho, serán responsables solidarios por las deudas contraídas por la sociedad como consecuencia de un despido, declarado improcedente después del acaecimiento de una causa de disolución.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 14 de junio de 2017, ha desestimado el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil de Burgos a inscribir una escritura de nombramiento y cese de administradores. El motivo de la negativa reside en la previa disolución de pleno derecho de la sociedad en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
Some six years after the United States Supreme Court decided Stern v. Marshall, courts continue to grapple with the decision’s meaning and how much it curtails the exercise of bankruptcy court jurisdiction.[1] The U.S.