En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.
In preparing a merchant cash advance (MCA) agreement on behalf of the provider, there is constant tension between the urge to include every conceivable contractual right for protecting the provider’s economic interests and the need to avoid language that might reorder the parties’ relationship in a way that renders the entire agreement unenforceable. Deciding how to address the possibility that the merchant might pursue bankruptcy poses a particularly challenging dilemma.
It is well settled that the purpose of filing a bankruptcy petition is to “give[] the honest but unfortunate debtor . . . a new opportunity in life and a clear field for future effort, unhampered by the pressure and discouragement of pre-existing debt.” Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, (1934). A debtor’s discharge in bankruptcy, and the corresponding injunction provisions of the Bankruptcy Code, are the two primary elements that effectuate this financial fresh start.Chapman v. Bituminous Ins. Co. (In re Coho Res., Inc.), 345 F.3d 338, 342 (5th Cir. 2003).
Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación.
1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?
Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura pública de fusión en la que la sociedad absorbente estaba íntegramente participada por la sociedad absorbida (que se encontraba en liquidación). Los acuerdos de fusión fueron adoptados por el socio único de la sociedad absorbente (esto es, por la sociedad absorbida, representada por el liquidador). La registradora denegó la inscripción argumentando, entre otras cosas, que resultaba preciso también el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida.
El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».
Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.
Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.
On April 29, New Jersey’s governor signed into law bill A4997, known as the Mortgage Servicers Licensing Act. As the title indicates, the Act creates a licensing regime for servicers of residential mortgage loans secured by real property within New Jersey. As with many state licensing regimes, the Act exempts most banks and credit unions from licensing.
Even under the most sympathetic of circumstances, courts are charged with respecting the integrity of deadlines and employing a cool, impartial approach to everyone, including the most desperate of late claimants.
On May 1, 2019, FERC denied Pacific Gas and Electric Company’s (“PG&E”) requests for rehearing of two prior orders in which FERC held that it and the bankruptcy courts have concurrent jurisdiction to review and address the disposition of wholesale power contracts sought to be rejected through bankruptcy. FERC’s order comes as the PG&E bankruptcy proceedings in the United States Bankruptcy Court for the Northern District of California (“Bankruptcy Court”) remain ongoing.