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La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del TS avala, con ciertos límites, las cláusulas de los convenios de acreedores en las que se prevé la pérdida del crédito de los acreedores que no comuniquen en un plazo determinado su número de cuenta bancaria. Una reciente sentencia de 2019 ha matizado el alcance tradicional de esta doctrina.

Nos acercamos a los 100 días de la pandemia que ha sacudido nuestro modo de vivir y trabajar y ha llevado nuestra economía a una situación de crisis cuya profundidad y extensión están aún por definir pero se esperan muy amplias.

Liberado el segundo tramo de la lnea ICO de avales para paliar los efectos econmicos del COVID-19, aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL 8/2020), se discute an estos das sobre la compatibilidad de estas garantas con operaciones de refinanciacin y reestructuracin de deuda.

En concreto, se plantean dudas que se concretan en tres momentos temporales:

The CFTC proposed amendments intended to "comprehensively update" its bankruptcy regulations (Part 190 of the CFTC regulations) to "reflect current market practices and lessons learned."

In the proposal, the CFTC provided:

La Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció en esta resolución sobre la posibilidad de que el nombramiento del representante persona física de una sociedad nombrada administradora se realice a través de un apoderado de ésta, sobre la necesidad de que conste la aceptación del representante persona física y sobre la naturaleza de esta figura.

Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.

In recent weeks, a number of transactions have come across our desks involving levered feeders set up as an investment vehicle for insurance-related investors. For regulatory reasons, these vehicles are established such that each such investor’s commitment is comprised of both a loan commitment (the “Debt Commitment”) and an equity commitment (the “Equity Commitment”). This structure presents a challenge for lenders trying to balance the requested borrowing base treatment for investor commitments of this type against the potential bankruptcy implications that this structure poses.