Two recent Supreme Court of Canada decisions demonstrate that the corporate attribution doctrine is not a one-size-fits-all approach.
Court approval of a sale process in receivership or Bankruptcy and Insolvency Act (“BIA”) proposal proceedings is generally a procedural order and objectors do not have an appeal as of right; they must seek leave and meet a high test in order obtain it. However, in Peakhill Capital Inc. v.
Recientes resoluciones judiciales han puesto en el foco la problemática aprobación judicial de una liquidación societaria cuando existe una situación de bloqueo por parte de alguno de los socios que impide adoptar acuerdos. Analizamos, a continuación, lo que han dicho los tribunales sobre los acuerdos sociales negativos y su posible impugnabilidad.
(SJM nº 13 de Madrid de 23 de marzo de 2021 y SAP de La Coruña de 1 de abril de 2022)
El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avaladapor el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas.
Las medidas que ahora se ven reforzadas o modificadas tienen su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril –del que Garrigues ya se hizo eco en esta publicación–, que fue posteriormente sustituido por la
In bankruptcy as in federal jurisprudence generally, to characterize something with the near-epithet of “federal common law” virtually dooms it to rejection.
In January 2020 we reported that, after the reconsideration suggested by two Supreme Court justices and revisions to account for the Supreme Court’s Merit Management decision,[1] the Court of Appeals for the Second Circuit stood by its origina
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia, la 46/2021, de 2 de febrero, en la que se confirma lo ya señalado en la Sentencia 4/2021, de 15 de enero de 2021. Dos sentencias miméticas en todo (casi hasta en las partes).
La doctrina ahora asentada por la 46/2021 se resume:
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) establece que el socio que ejerce el derecho de separación conserva su condición hasta que se reembolse de manera efectiva su participación. La resolución también señala que, en caso de que la separación se produzca antes de la declaración de concurso de acreedores, el crédito del socio será subordinado sin perjuicio de la eventual contingencia derivada de la posible litigiosidad de su cuantía.
2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.