There are today at least 2,352 different types of cryptocurrencies being traded on various exchanges¹. As legislators, regulators, financial institutions, and other businesses have been seeking to understand the opportunities and risk presented by cryptocurrencies, smart contracts, and other fast-moving Fintech developments since the launch of Bitcoin around 10 years ago, on 18 November 2019 the UK Jurisdiction Taskforce of the Lawtech Delivery Panel published a Legal Statement² in relation to cryptoassets and smart contracts, following a period of public con

Following the judgments in recent years on attribution to a company of its directors' knowledge in Bilta (UK) Ltd (In Liquidation) v Nazir [2015] UKSC 23 and UBS AG (London Branch) and another v Kommunale Wasserwerke Leipzig [2017] EWCA Civ 1567, the UK Supreme Court has once more returned to this issue in Singularis Holdings Ltd (in Official Liquidation) (a Company Incorporated in The Cayman Islands) v Daiwa Capital Markets Europe Ltd [2019] UKSC 50, in a case where a bank (Daiwa) was held liable for breaching its Quincecare duty of care to its customer,

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

Introduction

In the recent case of Global Corporate Ltd v Hale , the Court of Appeal was asked to assess whether sums, described as “interim dividends”, paid to Mr. Hale (the “Respondent”) in his capacity as both a director and shareholder of Powerstation UK Limited (the “Company”), had been made in accordance with section 830 of the Companies Act 2006 (the “Act”) prior to the Company’s insolvency.

Introduction

For more than a century, a creditor holding English law governed debt relied on the principle (known as the “rule in Gibbs ”) that a debt governed by English law cannot be discharged by a foreign insolvency proceeding, provided that the creditor does not submit to that proceeding.