La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 15 de diciembre de 2017 se pronuncia sobre el criterio temporal de aplicación del Real Decreto-Ley 6/2013, para la protección de los créditos adquiridos por la SAREB frente a una eventual subordinación. Según el Tribunal Supremo, si la calificación del crédito era definitiva antes de la entrada en vigor de la norma, no puede modificarse posteriormente.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce legitimación para interponer recursos al acreedor coadyuvante en un incidente concursal de acción de reintegración.

El Tribunal Supremo ha aclarado en una reciente sentencia, de fecha 8 de junio de 2016, el orden de pago que corresponde a los honorarios de la administración concursal cuando la masa activa es insuficiente para el abono de la totalidad de los créditos contra la masa. Se distingue, a tal efecto, entre los que resultan estrictamente necesarios para hacer líquidos los activos del concursado y para gestionar el pago, de los que no tienen tal carácter.

Pocas veces una legislación “moderna” (recordemos que el texto original de la Ley Concursal es de 2003) ha sido objeto de tanta modificación (en sus diez años de vigencia lleva más de 16 modificaciones). Lo que es seguro es que no será la última, de hecho en las próximas semanas verá la luz la Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (procedente del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo), un auténtico ejemplo de “reforma de la reforma”.

1.- Antecedentes

1. Introducción

Entre las medidas de refinanciación de las empresas con problemas de solvencia o liquidez que ha previsto el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, destacan los estímulos para incentivar la conversión en capital (acciones o participaciones) de la deuda financiera, cuyos costes a menudo lastran la supervivencia de la empresa.

In our e-updates of 20 January 2010 and 16 August 2010, we looked at decisions of the English and Scottish courts from December 2009 and August 2010 in which it was decided that, in England and Scotland respectively, the Administrators of a tenant company are bound to account to the landlord of premises for rent due in relation to the period during which those premises are being u

Our government has a longstanding commitment to cutting red tape. One of the ways of doing this it seems is to propose an Act of Parliament running to 153 pages. Thus we are presented with the Deregulation Bill.

A few of the provisions of this Bill relate to insolvency. The most significant are:

Appeal Judges in the Court of Session yesterday issued a decision directing that the liquidators of Scottish Coal Company (SCC) cannot abandon sites or disclaim statutory licences imposing obligations on the company.

A recent overruling by the Supreme Court has revoked the priority status of pension schemes issued with a Financial Support Direction (FSD) or Contribution Notice (CN) by the Pensions Regulator, following an insolvency event. Whilst the decision largely affects companies operating within England and Wales, Scottish Courts are expected to be guided by the ruling.

The 2011 decision