Two recent Supreme Court of Canada decisions demonstrate that the corporate attribution doctrine is not a one-size-fits-all approach.

Court approval of a sale process in receivership or Bankruptcy and Insolvency Act (“BIA”) proposal proceedings is generally a procedural order and objectors do not have an appeal as of right; they must seek leave and meet a high test in order obtain it. However, in Peakhill Capital Inc. v.

El nuevo Decreto 560 de 2020 prevé una serie de medidas de flexibilización y celeridad en los procesos de reorganización, con el fin de afrontar el escenario de alto riesgo de insolvencia que se presenta en el país como consecuencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Estas medidas tendrán una duración de hasta 2 años y se resumen en las siguientes:

Creación de procesos extrajudiciales

Trámite de negociación de emergencia