El Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, albergó diversas disposiciones de tipo so- cio-laboral, algunas de ellas referidas a reestructu- raciones laborales en empresas concursadas.

Quienes reclaman contra alguna medida colectiva de reestructuración (despidos, suspensiones, modificaciones sustanciales, movilidad geográfica, descuelgues de convenio) suelen denunciar que durante el período de consultas no se ha negociado de buena fe. Cuando las sentencias consideran que así ha sucedido declaran la nulidad de la correspondiente decisión, por disponerlo la Ley. Aunque suele pensarse en la negociación ex fide bona como deber de la empresa, hay que recordar su carácter bilateral.

Con la finalidad de agilizar la tramitación de los procedimientos de ejecución, reforzar las expectativas de cobro del deudor, dotar de mayor seguridad jurídica al mercado, y en última instancia, para tratar de dar respuesta a algunos de los problemas económicos –y socialesde los últimos tiempos, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal (en adelante, “el Proyecto de Reforma”) propone una nueva regulación de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.