In a decision of first impression entered on June 3, 2020, a Chicago bankruptcy court (“Court”) held that a restaurant tenant was excused from paying a significant portion of its rent under the force majeure provisions of its lease because of the governor’s executive order prohibiting in-house dining during the COVID-19 pandemic.[1] This decision is highly significant for landlords and tenants whose ability to service their clients has similarly been restricted by government orders.

El Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, albergó diversas disposiciones de tipo so- cio-laboral, algunas de ellas referidas a reestructu- raciones laborales en empresas concursadas.

Quienes reclaman contra alguna medida colectiva de reestructuración (despidos, suspensiones, modificaciones sustanciales, movilidad geográfica, descuelgues de convenio) suelen denunciar que durante el período de consultas no se ha negociado de buena fe. Cuando las sentencias consideran que así ha sucedido declaran la nulidad de la correspondiente decisión, por disponerlo la Ley. Aunque suele pensarse en la negociación ex fide bona como deber de la empresa, hay que recordar su carácter bilateral.