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Rumours that a company is in the zone of insolvency may create a race to the assets, with potential creditors or interested parties commencing proceedings in an attempt to secure payment from the company before its assets are fully dissipated or tied up in the insolvency process. This can destroy the collective value in the enterprise or scupper a restructuring and result in significant duplicative costs.

Adopting the analysis of the United Kingdom Jurisdictional Task Force ('UKJT") on the proprietary status of crypto currencies, a recent decision of the English High Court, AA v Persons Unknown,[1] has found that crypto assets such as Bitcoin are "property" and therefore capable of being the subject of a proprietary injunction or freezing order.

Un accionista solicitó del juzgado mercantil que se acordara la disolución judicial de la compañía en la que participaba (y que se nombrara liquidador a quien ostentaba la condición de administrador) por haberse producido la paralización de los órganos sociales (art. 363.1.d Ley de Sociedades de Capital [LSC]). En el procedimiento no se discutió la realidad de esta paralización, pero se alegó —para oponerse a lo solicitado— que se había incumplido el requisito de la previa convocatoria de junta general extraordinaria.

Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura pública de fusión en la que la sociedad absorbente estaba íntegramente participada por la sociedad absorbida (que se encontraba en liquidación). Los acuerdos de fusión fueron adoptados por el socio único de la sociedad absorbente (esto es, por la sociedad absorbida, representada por el liquidador). La registradora denegó la inscripción argumentando, entre otras cosas, que resultaba preciso también el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida.

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Scheme of Arrangement (Section 86)

A Court approved compromise entered into between a company and its creditors or members or any classes of them. "Arrangement" is construed extremely broadly making a scheme a very flexible restructuring tool.

En su Sentencia de 1 de marzo de 2019 [RJ 2019/622] el Tribunal Supremo ha venido a interpretar la excepción a la subordinación de los créditos de las personas especialmente relacionadas con el concursado que se contiene en el artículo 92.5º de la Ley Concursal (LC).